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El escenario en Estados Unidos se agravó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, en medio de protestas contra los operativos antimigratorios.
Las muertes y la represeión de los agentes migratorios contra sus propios ciudadanos aumentó la presión política sobre la Administración del presidente Donald Trump y endureció la postura del bloque demócrata en la Cámara Alta.
La amenaza de cierre parcial del Gobierno federal se produce mientras el Senado debe votar un paquete de seis proyectos de ley de asignaciones presupuestarias destinados a financiar diversas agencias federales hasta el final del actual año fiscal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional.
La Cámara de Representantes ya aprobó este paquete y lo remitió al Senado, lo que limita el margen de maniobra para introducir cambios sin retrasar la aprobación antes del plazo límite.
Los demócratas del Senado advirtieron que bloquearán la legislación si incluye la partida destinada al DHS sin modificaciones sustanciales en las políticas de control migratorio impulsadas por Trump. Según informó la agencia AP, el bloqueo impediría alcanzar los votos necesarios para aprobar el paquete y desencadenaría un cierre parcial del gobierno a partir de un minuto después de la medianoche del viernes.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dejó clara la postura de su bancada al afirmar que no proporcionarán los votos necesarios hasta que ICE sea “controlado y reformado”.
¿Cuáles son las exigencias de los demócratas sobre las operaciones migratorias?
En respuesta a las muertes registradas en Mineápolis, los demócratas presentaron una lista de exigencias que consideran indispensables para avanzar en la negociación presupuestaria.
Entre ellas, se incluye la obligación de que los agentes federales de inmigración se identifiquen claramente, retiren las mascarillas durante los operativos, utilicen cámaras corporales y obtengan órdenes judiciales para realizar arrestos.
Schumer sostuvo que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) deben cumplir las mismas normas que rigen a los departamentos de policía locales, incluidas reglas estrictas sobre el uso de la fuerza.
Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias AP, el líder demócrata señaló que los estadounidenses apoyan la seguridad fronteriza, pero no respaldan acciones que, en sus palabras, “aterroricen las calles”.
Por su parte, la senadora Tina Smith, de Minnesota, afirmó que existe una “unanimidad y propósito compartido” dentro del caucus demócrata, y subrayó la necesidad de rendición de cuentas para los agentes federales.
El endurecimiento de la postura demócrata está directamente relacionado con los hechos ocurridos en Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos de control migratorio. El pasado sábado 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, murió por disparos de agentes fronterizos, convirtiéndose en la segunda víctima mortal tras el fallecimiento de Renée Good el 7 de enero.
La muerte de Pretti causó una ola de indignación y protestas en la ciudad, lo que derivó en un fuerte despliegue de agentes federales y en un clima de tensión que aún persiste.
Los videos del incidente muestran que Pretti recibió múltiples disparos por la espalda cuando se encontraba en el suelo y fue reducido al suelo cuando sostenía un teléfono móvil con la mano y defendía a un par de mujeres que estaban siendo agredidas por agentes de la Patrulla Fronteriza, encapuchados.
Posteriormente, miembros de la Administración Trump, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificaron la muerte de Pretti al asegurar que el enfermero llevaba un arma. Sin embargo, varios videos del hecho quedaron grabados por parte de testigos, los cuales muestran que el hombre nunca tomó el arma que presuntamente portaba.
Al menos ocho uniformados lo arrojaron al suelo y lo golpearon antes de que recibiera disparos de dos de ellos.
El presidente Trump también defendió las acciones de esos oficiales. Sin embargo, y en medio del creciente escrutinio por parte de la sociedad estadounidense, prometió una investigación “honesta” sobre lo ocurrido.
También aseguró que la supervisaría personalmente, aunque siguió criticando a la víctima por portar un arma, lo que le ha valido reproches dada su relación con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que establece el derecho a portar armas y que durante décadas los republicanos, incluido Trump, han defendido.
El mandatario calificó el hecho como “desafortunado” y evitó definir a Pretti como un “terrorista doméstico”, una expresión utilizada por algunos miembros de su Administración.
Negociaciones contrarreloj para evitar el cierre
A pesar del clima de confrontación, existen señales de que ambas partes intentan evitar un nuevo cierre gubernamental. Según Reuters, Trump y Schumer avanzaron en conversaciones para negociar nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración, lo que podría permitir un acuerdo de último momento.
El New York Times informó que una de las opciones en discusión es excluir la financiación del Departamento de Seguridad Nacional del paquete principal de seis proyectos de ley y aprobar el resto antes de la fecha límite. La financiación del DHS se extendería mediante un proyecto de ley provisional de muy corto plazo para dar tiempo a nuevas negociaciones.
Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo a Reuters que, aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, las discusiones continúan y avanzan en la dirección planteada por los demócratas.
Los obstáculos en el Congreso para evitar un ‘shutdown’
Donald Trump aseguró este jueves que su Administración trabajará de forma bipartidista para evitar un cierre parcial del Gobierno, mientras continúan las negociaciones sobre la financiación de la aplicación de las leyes migratorias.
Sin embargo, el camino hacia un acuerdo enfrenta importantes dificultades procedimentales y políticas. La Cámara de Representantes aprobó el paquete de gastos como un bloque, lo que complica la posibilidad de retirar una sección específica sin el consentimiento de todos los senadores o sin iniciar una serie de votaciones que podrían extenderse más allá del plazo límite.
Además, los republicanos de la Cámara baja han dejado claro que no están dispuestos a aceptar cambios en el texto aprobado. En una carta dirigida a Trump, el conservador Caucus de Libertad advirtió que el paquete no volverá a aprobarse sin fondos para el Departamento de Seguridad Nacional.
Esta posición endurece aún más las negociaciones, ya que incluso si el Senado logra un acuerdo, cualquier modificación podría ser rechazada en la Cámara de Representantes.
Asimismo, hay divisiones dentro del Partido Republicano. Aunque el liderazgo de la bancada conservadora se mantiene alineado con Trump, algunos senadores del partido expresaron reservas sobre los hechos ocurridos en Mineápolis y apoyaron la idea de separar el debate sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.
Senadores como Thom Tillis, Bill Cassidy y Lisa Murkowski pidieron una investigación completa por la muerte de Alex Pretti. Tillis manifestó su disposición a separar los proyectos de ley, aunque se opuso a la exigencia demócrata de que los agentes se desenmascaren durante los operativos, citando preocupaciones por la seguridad de sus familias.
Por su parte, el senador John Cornyn calificó los hechos del fin de semana como una tragedia, pero sostuvo que un cierre gubernamental sería una “maniobra política” que perjudicaría a los estadounidenses.
Impacto de un posible cierre parcial
De concretarse, el cierre parcial del gobierno afectaría el funcionamiento normal de numerosas agencias federales y se sumaría al cierre de 43 días ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, el más largo de la historia del país.
Según EFE, un nuevo freno gubernamental incrementaría la incertidumbre económica en un momento de debilidad del dólar y coincidiría con emergencias provocadas por intensos temporales de frío. Una tormenta de nieve obligó incluso a cancelar una sesión del Senado, reduciendo aún más el tiempo disponible para negociar antes del viernes.
Servicios clave, como el transporte, la seguridad fronteriza y la gestión de emergencias, podrían experimentar interrupciones si no se aprueba una extensión temporal de la financiación.
Entretanto, empiezan a registrarse algunas consecuencias políticas. La crisis tuvo repercusiones inmediatas en la estructura del Departamento de Seguridad Nacional.
Trump relevó al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, una de las figuras más visibles de las redadas migratorias, y lo sustituyó por Tom Homan, designado al inicio de su actual Gobierno como ‘zar de la frontera’.
Además, líderes demócratas de la Cámara de Representantes piden el cese de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o advirtieron sobre la posibilidad de impulsar un juicio político para destituirla.
En un comunicado conjunto, acusaron al DHS de llevar a cabo una serie de acciones violentas durante los operativos.
Trump, sin embargo, defendió a Noem y afirmó que está realizando “un muy buen trabajo”, descartando solicitar su renuncia.
Mientras las negociaciones avanzan en Washington, la situación en Mineápolis sigue siendo tensa. Aunque los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales disminuyeron, la ciudad permanece fuertemente vigilada, con el despliegue de aproximadamente 3.000 agentes federales.
Trump afirmó que busca una “desescalada” y dejó abierta la posibilidad de reducir la presencia federal tras conversar con el gobernador de Minnesota, Tim Walz.
Sin embargo, continúan las vigilias en memoria de Alex Pretti y Renée Good y se espera una nueva manifestación masiva el viernes 30 de enero.
Con AP, EFE y Reuters
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